Cláusulas suelo (y abusivas) para dummies.

El pasado 21 de diciembre de 2016 el TJUE dictó una esperada sentencia en la que, en contra de algún pronóstico, y del dictamen del Abogado Gral., estableció que la nulidad de una cláusula por considerarse abusiva implica la restitución de las cantidades abonadas por la aplicación de la misma desde el inicio de la relación contractual. Nada nuevo, ya que es lo que establece el Código Civil, y que nuestro Tribunal Supremo ignoró en un alarde de creatividad jurídica.

No descubro nada diciendo que esta sentencia tiene cierta relevancia, tanto por las devoluciones a las que tendrá que hacer frente la banca (se calcula que unos 4000 millones de euros más los 5000 que tenían ya provisionados), sino también por el número de personas afectadas. El jaleo es de tal magnitud que el Gobierno prepara un mecanismo extrajudicial que agilice la devolución de las cantidades derivadas de las cláusulas suelo, y evitar que tengan que iniciar un procedimiento judicial, ante el riesgo de colapso de los juzgados, según ha justificado el Ministro de Justicia.

Este post, sin embargo, no va sobre cómo reclamar, ni  sobre cómo calcular la cuantía de tu cláusula suelo,  que de eso hay literatura de sobra y por juristas muy brillantes. Lo que me gustaría es hacer hincapié en que todo esto de las cláusulas suelo, y otras cláusulas abusivas, además de tocar a la banca y a los hipotecados está sacudiendo al sector de los despachos de abogados,  que parece que se han lanzado a la caza del cliente hipotecado con bastante intensidad.

No voy a entrar en la masiva, y súbita, especialización en la materia por parte de muchos abogados, y que casualmente ha tenido lugar en los últimos meses, (recuerdo una época en que por estas tierras existían hordas de picapleitos especialistas en extranjería), tampoco quiero meterme en el tema de publicidad (tema controvertido que dejamos para otro post), ni tampoco sobre honorarios, cada cual que elija el motivo por el que quiere que le contraten, por barato, por buen abogado o incluso por guapo.

Lo que si resulta paradójico es ver hojas de honorarios en las que se incluyen cláusulas posiblemente abusivas, como intereses de demora desproporcionados y obligación de pago de la totalidad de honorarios en caso de allanamiento, resulta curioso.

Aquí van, modestamente, unos pequeños consejos a la hora de enfrentarnos a la decisión de reclamar la nulidad de nuestra cláusula suelo (extensible a otras cláusulas abusivas):

  1. Ahora todos los abogados son especialistas en cláusulas suelo (y en materias similares), pero igual unos son más especialistas que otros, no tenga problema en consultar a varios si es preciso, hasta que encuentre a uno en el que confíe (ya sé que igual esto de confiar es mucho pedir).
  2. El derecho es una materia algo compleja, aléjese de los foros, google y redes sociales para recabar información técnica. NO ES BUENA IDEA.
  3. Es perfectamente posible que a su cuñado le hayan devuelto más que a usted al anularle la cláusula suelo, posiblemente su cuñado (por listillo) tenía condiciones peores que las suyas, no compare grosso modo, no sirve.
  4. Pida a su abogado una hoja de encargo por escrito dónde consten con exactitud todas las condiciones del encargo (como en cualquier otra compra, si le cobra muy barato revise bien, y después vuelva a revisar).
  5. Consulte todas las dudas con su abogado antes de iniciar el pleito, no debe albergar dudas sobre el procedimiento u otros extremos.
  6. No todas las cláusulas suelo son abusivas. Una cláusula con redacción clara y sencilla puede ser abusiva. Hay varios factores a tomar en cuenta, hay que revisar cada caso individualmente, no permita que no sea así.
  7. Si quiere someterse a un procedimiento de resolución extrajudicial impulsado por el Gobierno consulte primero con su abogado, y evalúe pros y contras, los sres. del Gobierno son menos de fiar que los abogados.

Espero que esta relación, que es numerus apertus por supuesto, sirva de pequeña ayuda,  con los abogados hay que andar siempre con cuidado.

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Abogacía preventiva para dummies

“El español sabe de todo”, me dijo un día un cliente alemán. O al menos en materia legal hay indicadores de que es así.

Parece que no está claro lo beneficioso que resulta asesorarse previamente antes de meterse en cualquier “fregao legal” más o menos cotidiano. De este modo resulta  habitual, que no normal, que se presente un cliente en el despacho con un contrato firmado para que le des el visto bueno, ¡¡¿¿una vez ya firmado??!! Al igual que recibes consultas sobre, mira es que ya hice esto y lo otro, y a ver qué tal lo ves, y si le dices que no lo hubieras recomendado, te dicen que tranquilo, que está controlado… ejem.

A los abogados se nos presentan en ocasiones asuntos, que sin tener ni enjundia ni una naturaleza especialmente complicada, a causa de la iniciativa del cliente, o errores en el asesoramiento, se complica hasta el extremo de apenas poder defender su postura, no sin antes retorcer la normativa a nuestro favor.

Es por todo esto que escribo este  DECÁLOGO DE ABOGACÍA PREVENTIVA PARA DUMMIES. No tiene intención de ser un listado cerrado “numerus clausus”, así que serán bienvenidas sugerencias, recomendaciones y anexos.

1.- ES UN CONTRATO SENCILLO, PARA ESO NO HACE FALTA ABOGADO.

Hasta un simple contrato de arras, puede tener cláusulas y condiciones que, por el valor del bien jurídico que hay en juego, y las consecuencias que acarrean puede provocar consecuencias inicialmente inesperadas, y seguramente más costosas que una simple consulta a tu abogado. No hay que olvidar que hay otra parte con intereses confluyentes pero en muchos sentidos opuestos a los nuestros, cuidadito.

Cuidado también con los procedimientos legales donde no es preceptiva la intervención de abogado, es decir, procedimientos judiciales, como por ejemplo juicio de faltas, donde no es obligatoria la intervención de abogado,  pero ES MUY RECOMENDABLE, se evitan muchas catástrofes.

2.- NO AL BRICOLAJE JURÍDICO:

El bricolaje está bien para los domingos, y con un taladro y un martillo, de este modo el daño que se cause será siempre controlado, y siempre menor que si te empeñas en hacer corta y pega de un contrato (de arrendamiento de vivienda, por ejemplo) que te pasó un amigo, que se lo hizo un conocido, o que te descargaste de internet, y que seguramente si surge un problema puede que te sirva para menos de lo que crees.

3. EL CUÑADISMO JURÍDICO ES LA MUERTE:

Sí, casi todos tenemos ese cuñado, que sabe de todo, desde mecánica del automóvil, hasta fontanería, pasando por ingeniería aeroespacial, y casi siempre tienen grandes conocimientos en geopolítica y macroeconomía, pero seguramente NO TIENEN NI IDEA DE DERECHO, salvo que sean juristas, y esto tampoco lo garantiza. Se recomienda huir despavoridamente. Líos seguros, cuánto más sabe tu cuñado mayor será la minuta del abogado para resolver el entuerto.

4. CADENAS DE EMAIL, WHATSAPP O FACEBOOK.

PELIGRO: Esto es como ir a que te opere una hernia tu carnicero, no es buena idea. No sé si surgen por algún iluminado o por error, pero en la mayoría de los supuestos contienen información errónea, o no precisa, que es casi peor.

Sin ir más lejos, la cadena esa que sugería alquilar tu casa hipotecada por importe bajo a un familiar y por plazo de 100 años, para evitar una ejecución hipotecaria, pues  podría ser considerado delito, así que CUIDADO.

5.- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SENCILLOS. ¿Qué es sencillo para ti?

ARENAS MOVEDIZAS. Los trámites administrativos sencillos, puede hacerlos cualquiera, siempre que sean sencillos y no conlleven repercusiones de importancia. para muchísimos trámites cotidianos ante la administración no es preciso contar con el asesoramiento de un abogado, hay que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos con procedimientos sancionadores por ejemplo, y si hablamos de la Agencia Tributaria hablamos de Código Rojo, OJO NO TOCAR.

6.- HAY CONFIANZA.

No, no la hay, y aunque creamos que la hay, el hecho de no firmar un contrato porque hay confianza es un argumento que carece de sentido, precisamente si hay confianza, y no piensas incumplir, no te importará firmar un contrato, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?

7.- ASESORAMIENTO POR AMABLES FUNCIONARIOS.

No, amable funcionario no es un oxímoron, existen. Pero ojito, hay grandes profesionales en la administración pública, con gran vocación de servicio, muy serviciales y con gran conocimiento de la materia con la que trabajan. También es cierto que hay otros que no tienen ni idea, y lo más peligroso es que ni ellos mismos lo saben. Si te encuentras con respuestas extrañas, o simplemente tienes dudas sobre derechos a ejercer o sobre el  procedimiento, una segunda opinión de un abogado no estará de más.

8.- FOROS DE INTERNET

PELIGROSÍSIMO. Hay foros muy buenos en materia legal, pero hay otros en los que se dicen auténticas barbaridades. En muchos casos los participantes de los  foros son profesionales del derecho, y a ellos van dirigidos, ya que saben interpretar las respuestas recibidas y encajarlas en un entorno legal preciso. De otro modo, y salvo que sean cuestiones muy sencillas no es recomendable usarlos, si no se tienen conocimientos avanzados en materia legal, el destrozo puede ser considerable ya que no podremos ver las consecuencias más allá de salir del atolladero del momento.

9.- LOS ABOGADOS SON CAROS.

Pues mire usted depende, depende de lo que considere caro, depende de lo que se esté jugando con ese contrato o esa consulta que debería hacer. Quizás una consulta le ahorre mucho dinero y tiempo (o las dos cosas), y en muchas ocasiones el precio por hora que le cobre su abogado no sea más elevado que el que le cobre su fontanero, o su electricista, así que eso de caro es relativo.

10.- GESTORES, ASESORES Y FAUNA NO CATALOGADA.

WARNING. Los hay más peligrosos que un mono con dos pistolas. Asesores fiscales sin formación adecuada que no asesoran, gestores que en lugar de gestionar, asesoran o gestionan mal.  En materia tributaria son muy famosos, se caracterizan por presentar escritos de alegaciones y recursos muy peculiares, y sin argumentos legales o fundamentos flojitos.  Tienen la habilidad de arruinarte un procedimiento, se recomienda establecer perímetro de seguridad.

 

Creo que están recogidas las categorías más importantes, espero que sirva para hacer ver los peligros de la falta de un correcto asesoramiento legal preventivo, y para sacar alguna sonrisa también…

 

 

La deriva de los arrendamientos y desahucios.

Aviso, esta entrada es atípica, una especie de ensayo y reflexión sobre arrendamientos y desahucios, si sigue leyendo es bajo su propia responsabilidad.

Hace unos días, durante una conversación en twitter con  Rafa Sanz surgió la idea de este post, como reflexión a la gravísima problemática de los desahucios.

Antes de nada aclaro que  no quiero entrar en el debate del contenido y efectividad Derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, ese, aunque muy relacionado, es otro debate.

Quiero también especificar en la terminología, ya que debido a la triste realidad cotidiana, se ha propagado el término desahucio tanto para referirse al desahucio propiamente dicho, como a un lanzamiento derivado de una ejecución hipotecaria.

Imagen de www.eldiario.es
Imagen de http://www.eldiario.es

En muchos casos resulta evidente la injusticia material, a  pesar de ser cuestiones ajustadas a la ley, que supone que  una entidad bancaria, aún declarando importantes  beneficios y plusvalías en sus balances anuales, y en muchos casos  beneficiadas por ayudas estatales, provoque con una  ejecución hipotecaria que personas, familias enteras, pierdan su vivienda.  Es fácil detectar que el mismo ejercicio de ese derecho de la entidad bancaria puede suponer una especie de abuso de derecho en la práctica, amparado en una legislación que no resuelve estos conflictos de manera óptima, muy superada por la realidad.

Sin embargo, la cosa se complica cuando se trata de arrendamientos en los que el arrendador es persona física, al igual que el arrendatario. En estos casos se producen las mismas situaciones dramáticas que en el supuesto anterior, pero además puede provocarse esa situación también en la persona del arrendador, que se ve cómo pierde unos ingresos que necesita para vivir. Evidentemente no hablamos de personas que se dediquen a especular con la adquisición de viviendas, sino aquellas que tienen una vivienda arrendada, como complemento a sus ingresos o como único ingreso.  Confrontamos en estos casos necesidades legítimas de personas en un plano de mucha mayor igualdad, y de muy difícil solución. 

Las políticas del Estado (entiéndase en sentido amplio incluyendo administración de CC.AA. con competencias en la materia) en torno a la vivienda se han orientado hacia la adquisición de viviendas mediante régimen de V.P.O. y similares, tipos reducidos en préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, y como no, incentivos fiscales. Curiosamente, mucho más reducido ha sido el apoyo a los alquileres, tanto a arrendatarios como a arrendadores. Alguna bolsa de vivienda, deducciones para alquiler para menores de cierta edad y poco más. De hecho, se ha modificado la LEC para “acelerar” los desahucios,  y con la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor en junio de 2013, se penaliza aún más el arrendamiento (para el arrendadatario) al reducir el plazo mínimo de duración.

La conversación que desata esta entrada me recordó ideas que siempre me han rondado, y que no sé si serían positivas, aplicables, prácticas, en cualquier caso entiendo que un tema tan delicado como este debería tener un programa específico, más allá de soluciones a golpe de remiendos normativos.

Me pregunto por qué no se ha elaborado algo como lo que expongo a continuación o similar (yo no tengo constancia de que exista, si fuera así ruego me lo hagan saber), advirtiendo previamente que no ostento la condición de “sabio” de esos que consulta el Gobierno. Ahí va:

Elaboración de un programa integral de apoyo al arrendamiento, integrado por una bolsa de viviendas en arrendamiento, dependiente y gestionada por el Ministerio o Consejería correspondiente. Se inscribirían tanto arrendadores como arrendatarios interesados, pero sólo válido para arrendadores que sean personas físicas, los contratos podrían ser contrato tipo facilitados  y revisados por el organismo que los gestione,  evitando abusos y mala praxis voluntaria o involuntaria, podrían estar asegurados con póliza avalada por Gobierno Autonómico con competencias en la materia, o mediante un sistema similar, algún tipo de fondo de garantía.  El organismo gestor podría hacer función de asesoramiento, control y búsqueda de la vivienda más adecuada a los ingresos del arrendatario. De cada mensualidad que reciban los arrendadores se deduciría un importe proporcional, para sufragar cuotas del seguro o cuotas o del fondo de garantía, de este modo en caso de impago el seguro se haría cargo del importe no abonado con un límite de unas determinadas mensualidades, similar al funcionamiento del Consorcio de Compensación de Seguros o al Fondo de Garantía Salarial. De esta manera se refuerzan las garantías para ambas partes, podría reducirse litigiosidad,  y además todos esos arrendamientos serían visibles fiscalmente, y por tanto se tributaría por ello.

Evidentemente es un sistema groseramente esbozado, y expuesto en líneas generales,  pero es como entiendo que la política sobre vivienda (y sobre cualquier asunto de esta importancia) debería ir enfocada, con planteamientos  integrales y que en cierto modo sean transversales. Aparentemente no se ha tratado así, y no sabemos por qué.

La pregunta es ¿Utopía o posibilidad real?

Perversiones del sistema

Esta semana me he percatado de que las estadísticas son muy importantes para algunos jueces (espero que sean amplía minoría), que te obligan a celebrar vistas en lugar de homologar acuerdos ya presentados por escrito.

Esas mismas estadísticas, configuradas para medir la productividad y eficiencia del sistema provoca, según puedo apreciar, situaciones surrealistas y alejadas del objetivo para el que fueron creadas.

Me gustaría imaginar que esas estadísticas que recogen la “actividad judicial”, tuvieran en cuenta la carga de trabajo del Juzgado, el tipo de asuntos tramitados, la complejidad del asunto y la complejidad de actuaciones celebradas durante la vida del proceso, y la relación entre carga de trabajo y personal con el que cuenta el Juzgado en cuestión. Sería deseable que tuviera implementado una especie de algoritmo, que hiciera la estadística además de fiable, difícil de tergiversar o pervertir, pero mi intuición me dice que no. Y otorgaremos fiabilidad al finalizar el año, o el ejercicio judicial, a los datos que arrojen. Es lo que hay. Me pregunto si esa medición de la productividad estará a la altura de los tiempos que corren.

Por otra parte, esta misma semana, y con motivo del mismo asunto, me he dado cuenta de que en el recién inaugurado Edificio de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria (donde se reúnen la práctica totalidad de las sedes judiciales de esta ciudad), un escrito presentado en el Decanato tarda 4 DIAS en llegar hasta un Juzgado de Primera Instancia, a diferencia de lo que pasaba con la situación anterior, en la que con sedes judiciales dispersas por la ciudad y distantes entre sí  kilómetros, ese mismo escrito tardaba únicamente 2 días (y a veces menos).

Al parecer a esto se le llama modernización de la justicia, dotar de algunos medios, inconexos muchas veces,  y no necesariamente prácticos por si mismos. Edificios de última generación, instalaciones de siglo XXI, mientras en su interior los procedimientos de notificación siguen igual que hace 40 años, papel, sellar copias y un carrito para llevar más papel. Podría hacerse ese trabajo con una máquina de escribir mientras un edificio inteligente regula la temperatura de la estancia.

Sin embargo, alguien dirá que se han invertido millones de euros para modernizar “la Justicia”, que sin dejar de ser cierto es a su vez falso.

Perversiones y paradojas del sistema, que se aprovechan en favor de unos pocos y en perjuicio de la mayoría. Da que pensar.

Propósitos para el 2014

Acabó el año 2013. Ha sido un año duro, difícil, lleno de obstáculos, a todos los niveles y en todos los sectores.

Además, parece que el sector de la abogacía pasa por un momento en el que hay cierta transformación (yo diría que es evolución natural), en cuanto a especialización, alianzas, nuevas formas de negocio, nuevos modelos para mejorar rentabilidad, diferentes formas de facturación, medidas para mejorar competitividad, etc. A este panorama hay que sumarle las tasas judiciales, dificultades para el cobro del Turno de Oficio, además de los habituales contratiempos que sufre un despacho pequeño-mediano, que constituyen la gran mayoría del sector en España.

Por todo esto, y otros factores que me dejo, el 2013 a mi modo de ver, ha sido un año complicado, y parece que este 2014 puede ser parecido.

Sin embargo, el pasado año nos dejó un faro, una luz. El abogado Dionisio Moreno,  puso patas arriba a una parte del sector bancario, ganó una lucha titánica defendiendo a D. Mohamed Aziz, y llevando su caso ante el TJUE, consiguió paralizar su desahucio y que se modificara la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Sentencia del TJUE (asunto C415/11), de fecha 14 de marzo de 2013, estableció que el procedimiento de ejecución hipotecaria dejaba en situación de desigualdad, y no permitía defenderse de la existencia de cláusulas abusivasal ejecutado.

En mi opinión, este logro convierte a D. Dionisio Moreno en personaje del año en el sector legal, y puede servir de referente para afrontar un año 2014 que se presenta, cuando menos, peleón.

Dicen los que saben, entre ellos Carlos Guerrero en su blog, que los abogados entramos en un par de años de cambios, será necesario dar un paso al frente y tomar las riendas, debemos estar preparados para modificar lo que sea necesario, afrontar cambios, tomar quizás más decisiones de las habituales, y tendremos que aprender mucho, emprender muchas tareas que parecerán titánicas, de ahí que necesitaremos dosis extra de actitud positiva, de tesón y de ánimo.

Y ese es mi propósito (profesional) para 2014, hacer que sea mejor que el 2013, con la fuerza suficiente para no dar ninguna batalla por perdida, ninguna tarea por imposible, y recordar siempre que cualquier contratiempo puede convertirse en una ventaja.

Audentes fortuna iuvat.

Buen año 2014 a todos.

 

 

Soy un togaflauta

Hoy la Delegación del Gobierno en Madrid ha “prohibido” (resolución aquí) una concentración prevista para el próximo día 20 de noviembre, en  protesta contra las tasas judiciales, y que había sido convocada el Consejo General de la Abogacía. Además había sido convocada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y también ha sido difundida de manera personal, y no institucional por muchos juristas.

En mi opinión la resolución no se ajusta a Derecho porque los motivos de prohibición están tasados, y no se da el supuesto previsto en la LO 9/1983, que regula el Derecho de Reunión. Pero la cuestión va más allá, el fondo del asunto es que no hay motivos para denegar la celebración de una concentración, pero al parecer desde la Delegación del Gobierno en Madrid parecen empeñados en obstruir el ejercicio legítimos de nuestros Derechos, que es lo que se viene haciendo desde hace un año con la imposición de tasas judiciales y por lo que protestamos y protestaremos, se pongan como se pongan.

Esta prohibición no deja de ser una buena noticia, significa que estamos en el buen camino, que se intente paralizar una protesta no significa otra cosa que va adquiriendo importancia, además ha provocado cierta publicidad extra.

Por eso, antes de que se comience a decir desde el Ministerio de Justicia, con su insoportable e inmerecido Ministro Ruiz Gallardón, que la protesta es corporativista, quiero decir que no, no es corporativista es ciudadana, es una protesta en defensa de todos estos Derechos que vamos a perder estamos perdiendo, y que estamos perdiendo TODOS.

Antes de que desprestigien la convocatoria, como ha ocurrido con otras protestas, y digan que somos cuatro gatos y unos togaflautas lo digo yo, SOY UN TOGAFLAUTA, si esto implica defender nuestros Derechos y no dejar que manipulen el Estado de Derecho, ni que perviertan el sentido de las normas y la finalidad de las mismas, y si esto implica protestar por unas tasas injustas y discriminatorias, y quejarnos porque Gallardón nos ha mentido reiteradamente, y porque la finalidad de la Ley de Tasas no ha sido para sufragar el Turno de Oficio, sino que tiene exclusivamente finalidad recaudadora,  pues si SOY UN TOGAFLAUTA, y deberíamos serlo todos.

Estamos en lucha por todos los ciudadanos y para todos, todos son bienvenidos. Difundámoslo.

#STOPTASASJUDICIALES #20N

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#StopTasasJudiciales #20N

Para ganar un juicio no sólo es preciso contar con los argumentos jurídicos necesarios, sino además hay que saber transmitirlos adecuadamente, así como describir los hechos de manera correcta, ordenadamente de manera que consigamos trasladar al Juez todo lo que queremos contar, y hacerle en cierto modo partícipe de nuestra postura, debemos acertar en el modo en que mostramos la situación de hecho y cómo a esa situación de hecho le corresponde la aplicación de unas normas específicas.

Pues bien, esto que hacemos los abogados con bastante asiduidad, y de manera mecánica en muchas ocasiones de tanto repetir el esquema, no hemos sabido hacerlo con el tema de las tasas judiciales. En general lo hemos hecho mal y tenemos que afrontarlo. No quiere decir esto que no se haya peleado y que no hayan excelentes profesionales partiéndose la cara por la derogación de las tan injustas tasas judiciales, mención especial merecen Fabián Valero Verónica del Carpio y José Muelas además del granito de arena que entre muchos hemos aportado.

Desde mi punto de vista, como colectivo no hemos sabido decir alto y claro que las tasas nos perjudican A TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS. Incluso algunos clientes perciben este tema como un tema que no les toca a ellos porque no suelen encontrarse casi nunca con pleitos, y aún estando inmersos en un procedimiento judicial les parece que les toca de lejos, asombroso pero cierto.

Entiendo que la Abogacía en particular y la Justicia en general es un sector poco unido, (salvo por la pericia del Sr. Ministro que ha provocado una unión pocas veces vista), heterogéneo y con diversos intereses y factores en juego que complican hacer un frente común cuando nos encontramos ante desvaríos como éste, y esto se ha aprovechado convenientemente por el Sr. Ministro con la inestimable ayuda de la Sra. Defensora del Pueblo, pero el asunto es de tal magnitud y gravedad que la ocasión merece el esfuerzo por involucrarnos y para empujarnos unos a otros a protestar.

Creo que no hemos sabido decirle al ciudadano de a pie que están levantando barreras que le impedirán defenderse de abusos, está configurándose una justicias para ricos y otra para pobres, esto no es un problema de abogados y procuradores, que yo puedo trabajar de otra cosa pero para defendernos sólo tenemos los juzgados, y no podemos dejar que esto ocurra.

El próximo 20 de noviembre se convocarán protestas por todo el país, es el momento de involucrarnos todos, porque esto nos afecta a todos, es un ataque frontal al derecho de defensa de cada uno de nosotros, que a los abogados nos pilla por medio, pero que a quien afecta es al usuario de la justicia, así como la supresión de hospitales no sólo afecta a los médicos, principalmente afecta a los pacientes.

Me pregunto también por qué desde los Colegios de Abogados, salvando algunos que todos conocemos y que han dado guerra, no se ha actuado más contundentemente, por qué acuden a actos y conferencias y se hacen la foto junto al Ministro, por qué no han defendido los derechos de sus colegiados y del resto de los ciudadanos, y por qué no se han posicionado de verdad. Ha sido un verdadero esperpento y muchos han quedado retratados, desde aquí gracias por quitarse la careta.

En vista del panorama no nos queda otra opción que unirnos, y transmitir que todos perdemos, y salir a la calle a protestar el 20N, pero además hacer salir a los ciudadanos, y hacer llegar, comunicar, transmitir la gravedad del asunto.  Así que el próximo 20 de noviembre TODOS A LA CALLE, y para quién tenga alguna duda, esta pelea vamos a ganarla.

STOP TASAS JUDICIALES